Una de las piezas esenciales del sistema de garantías de la contratación pública previsto por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), es el recurso especial en esta materia, cuyo conocimiento se atribuye a órganos administrativos creados ad hoc y especializados – los tribunales administrativos de recursos contractuales (TARC) –, a los cuales, además, se dota de garantías de independencia frente al órgano de contratación (y las partes contratantes). Desde esta perspectiva, dada la trascendencia que los TARC pueden jugar en el vigente sistema de control de la contratación pública, nuestra ponencia quiere centrar su atención específicamente en esta figura, analizando si, a la vista de la regulación existente, los tribunales administrativos de recursos contractuales existentes en España se han configurado realmente como un auténtico órgano independiente respecto de la Administración contratante. A tal efecto, nuestra ponencia se estructuraría en dos partes diferenciadas. En la primera se pondría de relieve la influencia del Derecho de la Unión Europea en esta materia. Por cuanto la regulación española sobre contratación pública – y en este punto el recurso especial en materia de contratación no es una excepción – se halla directamente condicionada por la normativa y la jurisprudencia europea. Mientras que, en la segunda de la ponencia, se analizará, de forma general, la regulación de los diferentes TARC existentes en España, para comprobar si, efectivamente, estos pueden calificarse como órganos 'independientes' a efectos del Derecho europeo.

GT-Panel: GT.2022-17 Control de la contratación pública local (Marc Vilalta)

Ponencia Presencial(Madrid).

El objeto de esta ponencia es analizar la naturaleza jurídica de los tribunales administrativos de recursos contractuales españoles. Aunque en la legislación española se configuran como órganos administrativos, los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, considerándolos órganos jurisdiccionales, plantean dudas sobre su naturaleza jurídica. Para ello, se analizan los caracteres propios de órganos administrativos y judiciales, con la finalidad de determinar cuáles de ellos concurren en los tribunales administrativos de recursos contractuales, y así poder dar una respuesta sobre su naturaleza jurídica, si son órganos administrativos, judiciales o cuasijurisdiccionales.

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Ponencia Presencial(Madrid).

Existe un interés cada vez más creciente de la resolución de conflictos de una manera ágil sin acudir a la jurisdicción permanente. Este interés se enmarca dentro de un ámbito un poco más amplio que es la resolución de litigios a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos que garantizan una mayor rapidez y relación costo-beneficio que acudir a la jurisdicción permanente. El Dispute Board (en adelante “DB”) es un órgano permanente que acompaña la ejecución de un contrato público para recomendar o decidir sobre conflictos presentes o situaciones que eventualmente podrían dar lugar a un conflicto. El DB no cuenta con una regulación en el ordenamiento jurídico colombiano. Sin embargo, esto no ha sido una limitante para que haya sido pactado en los contratos públicos y sus pronunciamientos tengan la validez que el contrato les defina. El objetivo de esta presentación es revisar el alcance de los pronunciamientos de los DB y el motivo por el cual las partes de una relación contractual, administración pública y particular, prefieren este tipo de mecanismo a acudir al arbitraje o a la jurisdicción permanente, así como las dificultades prácticas que tiene su implementación.

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Ponencia virtual.

Resumen: I.- Aproximación: la conveniencia de la existencia de un nivel local de TRC. Argumentos en contra y a favor (Hipótesis: valoración positiva). II.- La dimensión máxima de la planta local de TRC. ¿Qué corporaciones locales teóricamente pueden crear TRC? (Hipótesis: las diputaciones provinciales y los municipios). III.- La dimensión óptima de la planta local de TRC. Los factores a tener en cuenta en la creación y mantenimiento de TRC: volumen de contratación, recursos humanos, … (Hipótesis: más de 50.000 habitantes).

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Comunicación-sin presentación.

En España, la relevante función de resolución del recurso especial en materia de contratación pública no se atribuye a un único órgano, sino que normativamente se habilita a una potencial pluralidad de órganos administrativos de control. De hecho, la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) dispone que el conocimiento de dicho recurso pueda corresponder tanto al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que ella misma crea y regula (art. 45), como a los órganos que a tal efecto puedan crear, tanto las Comunidades Autónomas como algunas entidades locales -municipios de gran población y provincias- (art. 46). Con ello, se diseña una planta administrativa que se corresponde, en buena medida, con el modelo constitucional de organización territorial del poder público y que, por tanto, se dota también de una potencial complejidad y asimetría. A día de hoy puede observarse que esta multiplicidad organizativa se ha hecho efectivamente realidad, habiéndose creado TARC en los tres niveles territoriales. Desde esta perspectiva, nuestra ponencia tiene por objeto profundizar en el estudio de la planta de los TARC, identificando y analizando los problemas que se derivan de la mencionada asimetría y complejidad, para poder formular, en su caso, propuestas concretas de solución. Con el empleo de un método de estudio que combine el análisis empírico y el teórico, se persigue, en primer lugar, identificar cuáles son hoy los TARC existentes y con actividad. Y, a partir de esta “foto fija”, se analizarán, junto a algunos problemas interpretativos y competenciales inherentes a la regulación vigente, algunas críticas planteadas a este modelo territorializado, que ponen de manifiesto su afectación a la seguridad jurídica e igualdad, a la eficacia y la garantía de independencia en la resolución de los recursos, así como a la propia autonomía organizativa (y, especialmente, local).

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Ponencia Presencial(Madrid).

El objeto de estudio es el análisis de la responsabilidad por daños causados como consecuencia del funcionamiento de los tribunales administrativos de recursos contractuales (TARC). El punto de partida es el recordatorio de la naturaleza jurídica de los TARC en el ordenamiento jurídico español: formalmente son órganos administrativos. Se integran dentro de una Administración pública, aunque de una manera peculiar para garantizar su independencia (están fuera de la jerarquía administrativa y, por ello, no están sometidos a órdenes ni instrucciones). De la naturaleza jurídica de los TARC (órganos administrativos) se deriva la naturaleza jurídica de las resoluciones que dictan: formalmente son actos administrativos. En consecuencia, las resoluciones de los TARC están sometidas al régimen jurídico propio de los actos administrativos, con las especialidades que la legislación haya podido establecer. En concreto, las resoluciones de los TARC están sometidas al régimen de responsabilidad patrimonial propio de los actos administrativos, con las especialidades que la legislación haya podido establecer. Se identificarán las notas características del régimen de responsabilidad de los TARC. Primera: es el régimen de responsabilidad propio de la Administración. A contrario, no es el régimen de responsabilidad propio de los órganos judiciales (juzgados y tribunales). Y segunda: es un régimen de responsabilidad patrimonial, esto es, extracontractual. A contrario, no es régimen de responsabilidad contractual. Seguidamente, se analizarán los aspectos más relevantes de las siguientes cuestiones: el inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial; la competencia para tramitar y resolver la reclamación de responsabilidad patrimonial; y los principales supuestos de responsabilidad por el funcionamiento de los TARC (anulación judicial de la resolución del TARC y dilaciones indebidas). Terminará el estudio con una valoración de la situación actual y previsión de futuro.

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Ponencia Virtual.