Resumen: La familia juega un papel fundamental en las labores de cuidados de las personas en situación de dependencia a lo largo del ciclo de vida, y en particular son las mujeres quienes ejercen con mayor frecuencia los cuidados en el ámbito doméstico. En las últimas décadas diversos estudios teóricos y empíricos dan cuenta de la importancia de los cuidados producto de las transformaciones sociodemográficas; sin embargo, existe escasa evidencia empírica que aborde los cuidados desde la condición socioeconómica, género y lugar de residencia. Por tal motivo, este artículo propone caracterizar e indagar en las brechas y dificultades de los cuidadores de las personas en situación de dependencia: niños o niñas, adultos mayores o personas en situación de discapacidad y/o enfermas, en las comunas de Chile. Se utiliza como metodología la base de datos de la encuesta “Percepciones sobre los cuidados en la familia en Chile” (Centro UC de la Familia, Pontificia Universidad Católica de Chile), la cual fue realizada por las propias autoras. La encuesta fue aplicada a 4.045 personas válidas entre 21 de septiembre al 21 de octubre de 2021. Su objetivo fue indagar sobre la percepción y valoración de los cuidados. A partir de los datos se realizará un análisis exploratorio de cuidadores en las comunas, desagregando los datos para tener una comparativa territorial sobre la calidad de vida y principales disparidades del territorio. Se complementará la metodología con la revisión documental de bibliografía en bases de datos académicas y base de datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La principal contribución de este artículo es visibilizar las falencias que aquejan a cuidadores a nivel comunal de modo de contribuir en recomendaciones de política pública que apunten a brindar apoyo y fortalezcan la oferta programática de protección social Chile.

GT-Panel: GT.2022-36 Política social, cuidados y desigualdades socio-territoriales (Lorena Armijo)

Ponencia Virtual.

El Estado entrega distintas prestaciones a las personas, para cuyo acceso, diseña una serie de acciones a cumplir que, de una u otra forma, le significan algún tipo de costo a éstas. Moynihan y Herd (2010) identifican este costo, como cargas administrativas, haciendo referencia a lo que las personas deben asumir para acceder a tales prestaciones, basada en su propia experiencia, ya que, en sus particulares realidades les pueden ser fáciles o difíciles de asumir. El año 2008, Chile, ratificó la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad (Asamblea General de Naciones Unidas, 2006), comprometiéndose, entre otras cosas, a diseñar productos, servicios, entre otros, de manera tal que permitan el fácil acceso a éstos por parte de todas las personas, o a realizar los ajustes a ese diseño, para que las personas con alguna discapacidad, no deban enfrentar mayores dificultades para acceder a ellos. Esta ponencia presenta primeros hallazgos sobre las cargas que Moynihan, Herd y Harvey (2015) distinguen como de Aprendizaje, Psicológica y de Cumplimiento que han debido experimentar las personas con discapacidad, en su relación con el Estado, en este caso centrándose en la puerta de entrada a otras prestaciones, como lo es la acreditación de situación de discapacidad, y determinar si este trámite, en su diseño, facilita la realización de éste cumpliendo con lo señalado por la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad.

GT-Panel: GT.2022-36 Política social, cuidados y desigualdades socio-territoriales (Lorena Armijo)

Ponencia Presencial(Madrid).

Los programas sociales en el Perú, son el vinculo político y social entre el gobierno y los sectores más vulnerables de pobreza y extrema pobreza y su finalidad es contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias y sirven como mecanismo de redistribución de los recursos públicos para compensar la desigualdad social existente. Hoy, en medio de una crisis sanitaria del Covid-19 el porcentaje de familias en pobreza ha crecido exponencialmente y ha agravado las desigualdades y polarizaciones entre la clase media emergente (minoría) y las personas que viven en situaciones de alta vulnerabilidad. Ante ello, pese al exiguo presupuesto por la baja recaudación fiscal, el gobierno ha incrementado significativamente los recursos orientados a estos programas para atender las necesidades de alimentación, salud, educación y otros, pero sin embargo, a la par ha generado mayor corrupción en las entidades encargadas de dar asistencia y distribución de los bonos y no permitió cumplir con su finalidad. El propósito de la investigación es determinar el efecto de los programas de apoyo social del estado en la lucha contra la extrema pobreza y desigualdad en un contexto de Covid -19 en el Perú. La investigación es de nivel explicativo y enfoque cualitativo, se utilizó la observación directa, el cuestionario y la revisión documental, los que nos permitieron determinar e interpretar la realidad del objeto de estudio. Los resultados muestran los principales problemas que padecen los programas sociales: Deficiente focalización y limitada información socioeconómica de la población, la alta corrupción en las entidades encargadas de brindar la asistencia social, un sistema de protección social limitado que ha excluido a gran parte de la población en situación de vulnerabilidad, así como las filtraciones de personas allegadas a los funcionarios públicos que ha generado un mayor gasto presupuestal al estado, Y, sistemas deficientes para la entrega oportuna de los bonos a los mas necesitados. En este contexto, el estado a fin de acortar las brechas sociales, debe mejorar los sistemas de focalización y distribución adecuada y oportuna de los recursos a la población mas vulnerable y combatir la corrupción.

GT-Panel: GT.2022-36 Política social, cuidados y desigualdades socio-territoriales (Lorena Armijo)

Ponencia Presencial(Madrid).

Los cuidados son capacidades sociales que comprenden tanto trabajo afectivo como trabajo material, siendo acciones que a menudo se realizan sin remuneración y que son indispensables para la sociedad (Fraser, 2015). No obstante, a pesar de que el trabajo asalariado se sostiene gracias al trabajo doméstico, el valor social de este último se ve condicionado por las mismas contradicciones del capitalismo: pues, si bien sobrevive del cuidado, la retribución existente es casi nula y genera dinámicas desiguales entre hombres y mujeres. En Colombia, las mujeres de la ciudad dedican más del doble del tiempo al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado al interior de los hogares en comparación con los hombres, con 7:09 horas y 3:11 horas respectivamente. A su vez las mujeres de las áreas rurales casi triplican el tiempo para ello, con 8:12 horas y 3:11 horas dedicadas por los hombres (MIEC, 2017). Con el confinamiento, la crisis económica derivada del ralentizamiento de los procesos de producción deterioró las condiciones laborales de las mujeres en comparación a los hombres, teniendo mayores tasas de desempleo, disminuciones en la ocupación y aumentos en los procesos de “inactividad” por el abandono del trabajo para dedicarse a oficios en el hogar (Herrera et al), implicando un aumento significativo en las cargas del cuidado y una profundización en las brechas salariales y de garantía de derechos laborales para las mujeres. Por tal motivo, esta ponencia pretende, en un primer momento presentar el panorama de trabajo del cuidado en Colombia y reconocer su importancia, en un segundo momento, realizar un balance de las acciones que desde la institucionalidad se han realizado para mitigar estas desigualdades, así como los desafíos de las políticas públicas frente a este tema en un escenario postcovid-19.

GT-Panel: GT.2022-36 Política social, cuidados y desigualdades socio-territoriales (Lorena Armijo)

Ponencia Presencial(Madrid).

Esta presentación busca mostrar los avances y limitaciones de la legislación dirigida a la población independiente en materia del derecho a dar cuidado infantil por parte de padres y madres trabajadoras. Se analizan los resultados que ha tenido la promulgación de dos leyes: la Ley Nº 21.133 Modifica las normas para la incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social, que obliga a cotizar a quienes emiten boletas de honorarios a partir de 2019, tal como estableció la reforma previsional de 2008, que incluye la Ley Nº 20.255, que incluía cobertura del Seguro para el Acompañamiento de Niños y Niñas (Ley SANNA). Y la Ley 20.545 Modifica las normas sobre protección a la maternidad y paternidad, que incorpora el permiso postnatal parental y amplía el derecho de padres y madres trabajadoras independientes al descanso postnatal, postnatal parental, subsidio maternal, siempre y cuando tengan cotizaciones, además de otorgar el permiso por enfermedad grave del hijo y el postnatal masculino. El análisis se basa en los registros administrativos obtenidos por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) encargada de la recopilación de datos de licencias parentales a nivel nacional. Se realiza un análisis descriptivo a partir de una batería de indicadores de cuidado (Durán, 2021) que incluye indicadores de oferta de cuidado por sexo (cobertura de servicios ofrecidos, duración estipulada, coste) e indicadores de conversión del cuidado en norma (permisos parentales, permisos por enfermedad de hijo enfermo por sexo, acortamiento o flexibilización de la jornada, instalación u organización de servicios de cuidado en el centro de trabajo etc.). El análisis incluye, además, una comparación entre regiones del país, desagregadas según rama económica (Livert, Miranda y Espejo, 2022).

GT-Panel: GT.2022-36 Política social, cuidados y desigualdades socio-territoriales (Lorena Armijo)

Ponencia Presencial(Madrid).

Esta ponencia pretende hacer un balance de la implementación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Se pretende analizar hasta qué punto el desarrollo y ejecución de la ley de dependencia ha modificado los regímenes de bienestar autonómicos haciendo que, sin dejar de ser modelos familiaristas, incorporen elementos de hibridación de carácter más universalista, que son los postulados de la Ley y de la coalición de actores que la promovió a nivel estatal. Sin embargo, la crisis del 2008 y la posterior pandemia de la COVID-19 deflactó el impacto de la ley y dejó en manos de las Comunidades Autónomas su desarrollo, mostrando las diferencias entre las asignaciones de recursos y prestaciones económicas en las distintas CCAA. La investigación empírica se realiza en dos comunidades autónomas españolas, Andalucía y Aragón, y pretende extraer conclusiones de la implementación de políticas de cuidados en un modelo muy descentralizado.

GT-Panel: GT.2022-36 Política social, cuidados y desigualdades socio-territoriales (Lorena Armijo)

Ponencia Presencial(Madrid).